Los medios de comunicación acaban de publicar un dato bastante alarmante a nivel social. Y es que en total, más de 3.000 familias de la Comunidad de Castilla y León recibieron en 2009 el primer aviso judicial de embargo por no haber hecho frente a los pagos de las hipotecas.

Las ejecuciones hipotecarias ordenadas por los juzgados de la Comunidad, que suponen el inicio de un proceso que puede terminar o no en la subasta del inmueble, se dispararon un 60,9%, algo más que la media nacional, que se situó en el 59%.

Estas cifras fueron publicadas fueron publicadas en el último informe de Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).